Bail out Main Street, not Wall Street!

La crisis capitalista que se desencadenó desde el sector financiero norteamericano se trasladó a las economías mundiales rápidamente y está afectando gravemente a las clases trabajadoras. La inmediata respuesta de las empresas del “Primer Mundo” fue una cruda política de despidos y suspensiones masivas; la reacción de los gobiernos de dichos países fue salir en apoyo de las empresas a través de la entrega de multimillonarios subsidios. Estas medidas, lejos de “garantizar el empleo” (como explica el discurso oficial), no hacen más que aumentar la concentración económica, perpetuando el poder de los grandes grupos empresarios y perjudicando al conjunto de la clase obrera.

Ya Estados Unidos se jacta de su supuesta recuperación con algunos países de Europa y hasta Brasil, quienes declaran que se aproximan o llegaron al fin de la recesión. Sin embargo… ¿qué significa esto? ¿El fin de la recesión o el comienzo de un mayor avance sobre nuestras economías por parte de las grandes empresas multinacionales? ¿La tan ansiada estabilidad económica o la reinserción de los capitales del mundo a un modelo aún más explotador e injusto?

En Argentina el gobierno se ocupó de ayudar a diversas corporaciones multinacionales, como General Motors. Sin embargo, estas decisiones no tomaron en cuenta a la gran masa de desocupados y empleados en negro quienes al estallar la crisis vieron afectados sus ingresos provenientes de la economía informal (básicamente, todos los trabajos que el Estado no controla ni cuantifica, como la prostitución, el trabajo sin contrato, etc.). Al no aumentar el gobierno los fondos de los planes sociales, disminuyó los magros recursos de subsistencia de estos sectores provocando un aumento de la pobreza y la conflictividad social.

En resumen, no debemos dejarnos engañar por la ilusión de un desarrollo capitalista sin crisis, teniendo en cuenta experiencias anteriores y actuales.

Honduras y las bases militares en Colombia
En Honduras, un pequeño país de Centroamérica, se vive una situación que preocupa. El pueblo hondureño sufre el terrible azote de sus fuerzas armadas, que han tomado el gobierno de manera ilegítima y en contra de la voluntad popular. En Colombia, se han instalado siete bases militares estadounidenses con la excusa de impulsar una lucha contra el narcotráfico.
En el contexto de una gran crisis económica internacional cuyo motor principal fue la especulación en el mercado financiero de Estados Unidos, intentaremos relacionar estos dos hechos que se nos presentan en principio como aislados.

¿Qué pasó en Honduras?
Manuel Zelaya es el presidente electo hasta 2010 por el pueblo de honduras. Fue elegido en el año 2005, como candidato del Partido Liberal. Si bien este presidente pertenece a la centro-derecha Hondureña y su partido ha estado ligado históricamente a la derecha, una serie de medidas político-económicas lo enfrentaron con la misma. En el año 2008 firmó un acuerdo económico con el gobierno de Chavez ingresando a Petrocaribe, una alianza de países de Centroamérica en materia petrolera con Venezuela.
El 28 de Junio de este año Zelaya impulsó una consulta popular no resolutiva, cuyo objetivo era sondear si la población estaba o no de acuerdo con convocar a un referéndum para reformar la Constitución. Esto significa, básicamente, preguntarle a la gente si le gustaría que, en un futuro, a través de una votación, se reformara la constitución. La madrugada de ese mismo día Zelaya fue secuestrado en su casa por un grupo de militares, subido en un avión y depositado en Costa Rica.
Luego del Golpe de Estado, asumió Roberto Micheletti (también del Partido Liberal) como presidente de facto, y se encargó de reprimir sistemáticamente todas las manifestaciones populares en apoyo al retorno de la democracia, cerrando canales de televisión y radios, deteniendo a miles de personas (incluso utilizando un estadio de fútbol con ese fin) y matando manifestantes.
Luego de varios intentos fallidos para su retorno, y con el apoyo de casi toda la comunidad internacional, el presidente electo logró ingresar clandestinamente a su país el día 21 de septiembre y fue asilado por la embajada de Brasil en Tegucigalpa, desde donde intenta negociar su regreso.

Cosas que no se dicen
A 100 kilómetros de Tegucigalpa está la base militar de Soto Cano. Allí se encuentra la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” de Estados Unidos, con miembros de las tres fuerzas. Es inconstitucional, pero avalada por un acuerdo efectuado entre los Estados Unidos y Honduras en 1954. Hoy en día es el centro del golpe, que solo se sostiene gracias al apoyo de una poderosa camarilla del pentágono ligada a George Bush. En su momento se dijo que el objetivo de dicha base era la lucha contra el narcotráfico.
Como respuesta al golpe, Estado Unidos firmó un acuerdo con el gobierno de Colombia para instalar siete bases militares (como la de Soto Cano) en territorio colombiano, con el trillado pretexto de combatir el narcotráfico. Estados Unidos, que es el principal país consumidor de drogas del mundo, despliega su ejército sobre el territorio latinoamericano. Despliega aviones y buques de guerra en lugar de erradicar fronteras adentro del consumo. ¿No será éste otro avance del imperio contra nuestros pueblos, disfrazado como una ayuda para combatir el tráfico de drogas?
El acuerdo de las bases en Colombia caldeó la situación aún más con Venezuela y Ecuador. ¿No le conviene al imperio en un contexto de crisis financiera reactivar su mercado bélico ocioso, promoviendo guerras que financiará?

Estudiando la actualidad de nuestro continente, aparecen indicios preocupantes, que reviven una historia que parecía sepultada en Latinoamérica. Hacía treinta años que no se realizaba con éxito un golpe militar en el continente.
Se revive la historia de la doctrina de seguridad de la Escuela de las Américas, impulsada por Estados Unidos y responsable de centenares de miles de asesinatos, torturas y desapariciones y que continúa matando silenciosamente a través del neoliberalismo.
Ante este avance de los sectores más retrógrados de ultraderecha, debemos defender la soberanía de todos los pueblos.
¡Luchamos por la restitución incondicional de Zelaya, y condenamos el avance del imperialismo sobre los pueblos!

¿Y en argentina?
En nuestro país, al igual que en todo el resto, la crisis económica internacional repercute (claro ejemplo de ello son la inflación y los despidos masivos). Pero además de esta crisis, vivimos también una crisis política nacional que se reflejó (e intensificó) con la derrota del gobierno ante la burguesía agraria en el conflicto de las retenciones. Esta disputa entre el oficialismo, “el campo” y el resto de la derecha no es por otra cosa que por la búsqueda de beneficios económicos privados, en tanto pretenden descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores para así poder salir ellos lo más indemnes posibles.

Kirchnerismo
El agotamiento de las distintas máscaras y facetas del Kirchnerismo lo está mostrando tal cual es. Y tal es así, que el gobierno “de los derechos humanos” y “el de los grandes índices de crecimiento económico” es en realidad el gobierno en el cual han desaparecido impunemente personas, el gobierno que ha agrandado la brecha entre ricos y pobres (¡en la época Menemista era mas equitativa la distribución del ingreso!), el gobierno que se llenó los bolsillos votando leyes en el menemismo, el que reprime violentamente a los manifestantes, el que miente con el INDEC, el que reduce el presupuesto para salud y educación, el gobierno de la ley de educación nacional, el gobierno que no desmantela el aparato represivo de la policía que permite que sigan existiendo redes de trata y prostitución y que para colmo es garante del narcotráfico, etcétera, etcétera.

Macri
Al asumir su mandato, una de las principales preocupaciones que tenía el gobierno de Macri era la de “la inseguridad”, por lo que su objetivo se basó principalmente en combatirla y en restablecer “el orden” a la Capital Federal. Sin embargo, pronto pudimos empezar a vislumbrar qué significaba en realidad este supuesto orden y qué intereses venía a defender. Así, la forma de combatir la delincuencia para Macri significa erradicar a los pobres de la Capital, amenazándolos con quemarles sus pertenencias o simplemente depositándolas en algún lugar del Conurbano; significa clausurar centros culturales, desalojándolos mediante políticas represivas y patoteras, utilizando una unidad parapolicial (UCEP) específica para este tipo de actos; significa cerrar comedores y hogares; significa crear una policía porteña encargada de la represión de las diferentes formas de protesta, con cerca de 9000 agentes y una división especial anti-piquetes. En definitiva, significa implementar una política de avasallamiento sobre todas las formas de organización y de lucha, que condena a la pobreza en vez de integrarla y que garantiza que ninguna persona salga a la calle a reclamar por sus derechos.

El conflicto en Terrabusi
El conflicto en la planta de Kraft-Terrabusi (la segunda empresa alimentaria más grande del mundo) se inicia el 3 de julio, día en que los trabajadores y trabajadoras realizaron un paro en reclamo de mejores condiciones de higiene y salubridad. En ese entonces, la pandemia de la gripe A ya era un fenómeno instalado en toda la sociedad, y, a pesar de que en la fábrica había cuatro trabajadores contagiados, la empresa se negaba a desinfectar. Por otra parte, las madres no tenían dónde dejar a sus hijos (las escuelas estaban cerradas y el jardín maternal de la empresa no estaba funcionando) y la multinacional no otorgaba las licencias. Los trabajadores y trabajadoras del lugar decidieron, por lo tanto, parar la producción y cerrar la fábrica, consiguiendo que el Ministerio de Trabajo dictara una conciliación obligatoria que estipulaba que la empresa dejaría faltar a las personas con problemas respiratorios y pagaría a las madres los días de licencia. La huelga parecía haber sido un éxito, pero la patronal reprimía su bronca y su respuesta no se hizo esperar.

Un día después de que venciera la conciliación obligatoria (es decir, el 18 de agosto) los trabajadores se llevaron una desagradable sorpresa: la llegada de 155 telegramas de despido con causa (sin derecho a indemnización) por parte de la empresa, la cual los acusaba de no dejar salir de la planta a empleados administrativos durante el paro del 3 de julio. Los despidos, que tienen la clara intención de atacar directamente a la organización obrera independiente, incluyen a trabajadores de la comisión interna y del cuerpo de delegados. A partir de entonces, los obreros de Kraft inician una espectacular lucha, cortando Panamericana y paralizando la producción de la fábrica, a la vez que comienzan a recibir el apoyo de numerosos sectores obreros como los de Pepsico, Stani y Cat, de organizaciones sociales como Madres de Plaza de Mayo y de sectores estudiantiles que salen a las calles solidarizándose con su causa. Gracias a esto, logran una nueva conciliación obligatoria, que la empresa desacata. Luego de varias intimaciones del Ministerio de Trabajo para que la firma reincorpore a los despedidos a sus puestos de trabajo habitual, los cesantes vuelven a entrar a la fábrica pero son conducidos a un predio a 400 metros de sus compañeros, con el objeto de tomar un “curso” que, en realidad, pretendía separar al movimiento para luego volver a despedir a los trabajadores una vez finalizada la conciliación. Esta medida es repudiada por el conjunto de los trabajadores de la fábrica, quienes nuevamente cortan la ruta y frenan la producción, exigiendo la reincorporación de sus 155 compañeros.

La lucha lleva ya más de 40 días, y, si bien los trabajadores fueron brutalmente desalojados por parte de la policía bonaerense hace tres semanas (operativo encabezado por Scioli, pero que también pedían a gritos tanto la COPAL y la UIA, como Moyano, Aníbal Fernández y el Sindicato de la Alimentación, y que luego defendió la presidenta Cristina Fernández), el conflicto está lejos de finalizar. Es importantísimo entender que la única conclusión posible y justa es la reincorporación de todos los trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo, quienes simplemente se organizaron de acuerdo a sus derechos y reclamos desbordando a una patronal y a un Sindicato que lejos están de satisfacer sus necesidades.

¡Todo el apoyo a los obreros de Terrabusi!